A pesar de la lejanía con la que se pueda percibir el núcleo de este segundo artículo, me parece interesante mostrar la esperpéntica situación que vive nuestro querido país en cuanto a Educación se refiere. A la que unos poderes, Político (encargado de legislar) y Judicial (encargado de administrar la justicia) le provocan un daño irreversible.
Aunque el tema da para escribir ríos de tinta, y son innumerables los temas a tratar y los puntos de vista desde donde focalizarlos, hoy me centro en la nueva arbitrariedad que los partidos catalanistas quieren imponer dentro de sus fronteras, creando un Estado propio dentro del Estado Español.
Vayamos por partes:
Partiendo de la base que la Educación Nacional es un pozo de aguas fecales, donde la contumacia de los dos grandes partidos durante las últimas legislaturas la mantienen.
Por un lado, propuestas antagónicas en las que ninguno de los dos está dispuesto a ceder y por otro, la tónica habitual de su poco sentido de Estado. Cuestión esta última que aprovechan a las mil maravillas los partidos políticos de carácter nacionalista para hacer de su capa un sayo. Pero, como ya he comentado anteriormente, tiempo habrá de analizar dicha situación.
Lo que hoy me lleva a escribir este artículo es la propuesta catalana, que si ya de por sí es un atropello de manera continuada al castellano, en esta ocasión quieren darle una vuelta de rosca.
Actualmente se imparten dos horas de castellano, el resto de las asignaturas se dan en catalán. El problema llegó con el decreto del Gobierno por el que se ampliaba una hora más la enseñanza del castellano. Aspecto que para Esquerra (como no), ponía en peligro el sistema de inmersión lingüística.
Del lado nacionalista está todo claro y no debe de sorprender a nadie la sin razón de sus propuestas, pues no se cortan un pelo a la hora de pregonar la razón de su ser. Lo más grave de todo es la respuesta de las instituciones (Tribunales Supremo y Constitucional), encargadas de proteger los ataques que ponen en juego la Carta Magna. Y es que los politiquillos, desde sus tronos, ya han avisado de no someterse a sus sentencias si les son desfavorables a sus intereses. En esta oportunidad, parece común la iniciativa de emprender acciones legales, aunque no todas con la misma intensidad, si la Ley Catalana de Educación es aprobada por el Parlament, tal y como se pretende desde los círculos más catalanistas.
Tanto el Gobierno, como la oposición UPyD y PP manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano, ya que la Generalitat sigue obsesionada con un modelo que no reconozca la enseñanza bilingüe en los colegios. Ocurre lo mismo en Baleares, donde además se da el agravante del incumplimiento del fomento del mallorquín, menorquín e ibicenco por un catalán impuesto desde las instituciones con un enorme derroche de recursos económicos.
El Gobierno recurrirá al Constitucional si incumplen la tercera hora en castellano. Rosa Diez, como diputada de UPyD, pidió la dimisión del Tribunal Constitucional por considerar que su pasividad es la culpable de propiciar dicha coyuntura. Y por último, el PP espera que Montilla aprenda de Patxi López y rectifique su postura para dar el paso de recurrir la Ley.
En una época donde el castellano es el segundo idioma más hablado del mundo, por delante del inglés y sólo sobrepasado por el mandarín. Mientras en Euskadi se suprimirá la imposición del euskara, los catalanes siguen dispuestos a empañar parte de su gran historia en aras de un Jibarismo anacrónico.
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